MEDIDAS JUDICIALES
Información sobre denuncias, presentaciones y medidas judiciales relacionadas con los trabajadores de seguridad privada.
MEDIDAS JUDICIALES
Remiseros reclamaron en Diputados una ley nacional para regular el transporte por aplicaciones Alejandro Poli le exigió a Uber y DiDi que pagaran registros e impuestos a trabajadores
La Federación Argentina de Trabajadores Remiseros (FAREM) presentó ante la Cámara de Diputados sus planteos sobre la regulación del transporte de pasajeros mediante aplicaciones. Durante la exposición, su secretario general, Alejandro Poli, reclamó una legislación nacional que establezca reglas claras para la actividad y garantice el cumplimiento de los derechos laborales. La reunión contó con la participación de representantes sindicales y empresariales, en el marco de un debate sobre el funcionamiento de plataformas como Uber, DiDi y Cabify. Entre los temas abordados estuvieron las obligaciones fiscales, la registración de los trabajadores y las condiciones de seguridad para los pasajeros. «Acá tienen que pagar impuestos, registrar trabajadores y ponerse a disposición de lo que le pertenece a nuestro pueblo, que es así como nosotros pagamos impuestos. Y nosotros cumplimos la ley, creemos y queremos que ellos hagan lo mismo», sostuvo el titular de FAREM. La necesidad de un marco regulatorio nacional Poli señaló que las diferencias entre las normativas municipales generan complicaciones para los conductores que trabajan en distintas jurisdicciones. En ese contexto, defendió la necesidad de establecer criterios comunes que permitan ordenar el sector y evitar que las condiciones de trabajo dependan exclusivamente de las disposiciones locales. «Entonces esta actividad que genera tanto empleo, necesitamos que se regule el marco a nivel nacional para que nosotros desde la actividad, tanto los empresarios como los trabajadores, tengamos la herramienta para poder enfrentar a las aplicaciones que vengan a cumplir lo que dice nuestra ley», expresó. Otro de los planteos centrales fue la creación de un registro nacional de agencias y trabajadores de remises, con participación de las provincias y los municipios. El objetivo sería identificar a los titulares de los vehículos y diferenciar a los propietarios de los choferes que trabajan para terceros. «Por eso nosotros necesitamos un registro nacional donde estén inscritas las agencias de remis y donde estén inscritos todos los trabajadores que adhieran las provincias y los municipios para que nosotros podamos saber quiénes son los titulares de autos y cuáles son los choferes», explicó. Alquiler de vehículos y derechos laborales Durante su exposición, el dirigente también se refirió a las modalidades de alquiler de automóviles utilizadas para prestar servicios mediante aplicaciones. Según manifestó, algunas de esas relaciones podrían encubrir situaciones de explotación laboral y señaló que se habían impulsado acciones para obtener el reconocimiento de los trabajadores involucrados. «Le dicen que se los alquilan en una forma de explotación encubierta, que nosotros hemos conseguido un dictamen y hemos logrado un fallo por los trabajadores en los cuales los hemos registrado», afirmó. La identificación de las relaciones laborales fue presentada como un aspecto importante para garantizar el acceso a los derechos correspondientes y evitar que los choferes queden al margen de las protecciones laborales. Convenio colectivo y seguridad social Poli recordó los avances alcanzados mediante la organización sindical y la negociación colectiva del sector. En ese sentido, destacó la existencia de un convenio colectivo de trabajo acordado con la representación empresarial «En el 2012 hicimos el primer convenio colectivo de trabajo con los empresarios y desde el 2012 hemos avanzado en el 2015 con la federación y hemos hecho un convenio colectivo que se aplica en todo el territorio argentino», señaló. También diferenció las distintas modalidades de participación dentro de la actividad, desde los propietarios de vehículos hasta los conductores contratados, y defendió el acceso a la cobertura social y a los beneficios laborales. «Entonces nosotros tenemos en esta actividad bien separados los empresarios, los dueños de autos, los dueños de autos que tienen chofer, y nosotros que somos los choferes. Por eso tenemos un convenio, tenemos la obra social, tenemos el seguro de vida, tenemos todo lo que tiene que tener un trabajador», remarcó. La protección del salario, las vacaciones, el aguinaldo y la cobertura de salud formaron parte de los argumentos expuestos en favor de una regulación que contemple las condiciones laborales de los conductores. Aplicaciones y cumplimiento de la legislación argentina Al referirse a Uber, DiDi y Cabify, el representante sindical sostuvo que el uso de nuevas tecnologías no debería eximir a las empresas del cumplimiento de las normas aplicables al transporte de pasajeros. «Entonces, si viene una aplicación de afuera y hace traslado de persona, llamado por teléfono, por aplicaciones, es remis. No hay que hacerle nada especial. Lo que hay que hacer es ordenar y que cumplan las leyes de la Argentina», afirmó. Durante la intervención también comparó las modalidades de funcionamiento de las plataformas y planteó la necesidad de que cuenten con inscripción fiscal, estructuras identificables y responsabilidades claras respecto de los servicios que ofrecen. «No estamos en contra de Uber ni de DiDi, lo que estamos en contra es que sean ilegales», manifestó. Finalmente, Poli insistió en la importancia de verificar la identidad de los conductores y los vehículos utilizados para trasladar pasajeros. La propuesta presentada ante los legisladores apunta a combinar un registro nacional con controles efectivos, en defensa de los trabajadores del sector y de los usuarios del servicio.
GRECO DENUNCIÓ LA EXPLOTACIÓN LABORAL EN TECH SEGURIDAD TRAS LA DESCOMPENSACIÓN DE UN VIGILADOR EN RIVER
El secretario general de la Agrupación Sur de la seguridad privada, Marcelo Greco, volvió a cuestionar las condiciones laborales que enfrentan los vigiladores privados y apuntó contra la empresa Tech Seguridad, luego de que uno de sus trabajadores sufriera una descompensación durante el partido de despedida de Lionel Messi de la Selección Argentina, disputado en el estadio de River Plate.El dirigente relacionó lo ocurrido con las extensas jornadas laborales y la presunta falta de condiciones básicas para desempeñar las tareas de vigilancia, como el acceso a alimentos, agua y pausas durante el servicio. Además, cuestionó la falta de respuestas de la conducción de UPSRA ante los reclamos que, según afirmó, viene realizando desde hace casi dos años.Greco se refirió al episodio registrado durante el encuentro, mientras se presentaba Soledad Pastorutti, y sostuvo que la situación expone las dificultades que atraviesan los trabajadores del sector.“Un trabajador de Tech se descompensa en vivo claramente. ¿Por qué? Por la cantidad de horas que labura, porque está sin comer, sin tomar agua”, expresó el titular de La Sur. En ese marco, volvió a responsabilizar a la empresa por las condiciones denunciadas y reclamó medidas concretas para evitar que se repitan episodios similares.“Esto, la verdad, es la explotación de la empresa Tech Seguridad, una empresa que, increíblemente, sigue explotando a los trabajadores”, manifestó. DENUNCIAS QUE VIENEN DE LARGA DATA El referente sindical recordó que el 17 de mayo de 2025 ya había hecho pública una denuncia contra Tech Seguridad por presuntas situaciones de explotación laboral que, de acuerdo con sus declaraciones, afectan al personal de la firma.Para Greco, la descompensación del vigilador en el estadio de River no constituye un hecho que pueda analizarse de manera aislada, sino que debe ponerse en contexto con las condiciones en las que se desarrollan los servicios de seguridad privada.“Es una lástima que un trabajador que está más de 14 horas parado, sin comer, sin ir al baño y sin tomar agua, se esté desmayando”, señaló, al insistir en la necesidad de revisar las condiciones de trabajo y garantizar los derechos básicos del personal. CRÍTICAS A LA CONDUCCIÓN DE UPSRA Greco también dirigió sus cuestionamientos hacia la conducción de la Unión del Personal de Seguridad de la República Argentina (UPSRA), a la que reprochó no haber impulsado, según denunció, una intervención efectiva frente a los reclamos contra Tech Seguridad.“¿Por qué la UPSRA no hace nada contra esta empresa?”, preguntó el dirigente, quien aseguró que lleva más de un año y medio reclamando respuestas y acciones concretas. Asimismo, criticó las actividades organizadas por el gremio mientras persisten los problemas laborales denunciados por los trabajadores.“Mientras tanto la UPSRA hace torneos de fútbol, hace peñas y hace cosas que, la verdad, no ayudan a la actividad de seguridad privada”, cuestionó. EL RECLAMO POR MEDIDAS CONCRETAS En el cierre de sus declaraciones, el secretario general de La Sur volvió a reclamar que se tomen medidas frente a Tech Seguridad y que se investiguen las condiciones en las que presta servicios el personal de vigilancia. “¿Por qué no cortan a Tech Seguridad y se fijan realmente que están explotando literalmente a los trabajadores?”, planteó Greco.Finalmente, reiteró su malestar por la falta de respuestas a los reclamos que sostiene desde hace tiempo y volvió a exigir una intervención sindical que permita abordar las situaciones denunciadas. “Hace casi dos años que lo vengo denunciando, y no hacen nada”, concluyó.
Denuncian irregularidades en aportes y fondos vinculados al sector de la seguridad privada
El manejo de distintos fondos y aportes vinculados al sector de la seguridad privada quedó nuevamente bajo cuestionamiento, con reclamos para determinar el destino de los recursos, su administración y los mecanismos utilizados para controlar su recaudación. Entre los fondos involucrados se encuentran el Fondo de Ayuda Solidario (FAS), el aporte patronal del 1% y un nuevo aporte solidario del 2% aplicado sobre los salarios básicos de trabajadores no afiliados a determinadas organizaciones sindicales. Uno de los principales reclamos apunta a conocer con precisión cuánto dinero debe recaudarse, cuánto ingresa efectivamente y cuál es el destino de esos recursos. También se exige establecer quiénes intervienen en la recaudación, administración, control y distribución de los fondos. En relación con el FAS y el aporte patronal del 1%, se reclama una rendición clara de las sumas recaudadas y de su utilización. También se plantea revisar las diferencias existentes entre empresas respecto del cumplimiento de estos aportes y los mecanismos utilizados para acreditar el estado de sus obligaciones. El nuevo aporte solidario del 2% constituye otro de los puntos centrales. Se reclama determinar qué actividades se financian con ese dinero, cuál es la contraprestación concreta para los trabajadores y qué entidades tienen a su cargo la administración y rendición de los recursos. La magnitud económica de estos fondos también genera preocupación. Las estimaciones incorporadas al reclamo ubican en aproximadamente $4.000 millones mensuales el volumen teórico de recursos involucrados en determinados aportes, cifra que deberá ser establecida oficialmente mediante controles contables, bancarios y tributarios. Además, se reclama revisar el cumplimiento de las obligaciones laborales y previsionales de empresas del sector y su relación con distintos procedimientos preventivos de crisis, beneficios y mecanismos laborales aplicados durante los últimos años. El pedido incluye una auditoría integral para reconstruir el circuito de los fondos desde su recaudación hasta su destino final, incluyendo depósitos, transferencias, administración, distribución y utilización. También se busca determinar la existencia de diferencias entre los montos declarados y los efectivamente ingresados, así como cualquier pago que no haya quedado debidamente registrado. El objetivo es establecer con documentación contable y bancaria el verdadero movimiento de los recursos y garantizar que los aportes destinados al sector de la seguridad privada tengan un destino transparente, verificable y correctamente rendido. La investigación deberá determinar finalmente cuánto se recauda, quién administra los fondos, dónde se encuentran depositados y cuál es su destino.
Denuncian irregularidades en Procedimientos Preventivos de Crisis del sector de seguridad privada
Una denuncia penal impulsó una investigación sobre el presunto otorgamiento irregular de Procedimientos Preventivos de Crisis (PPC) a empresas del sector de la seguridad privada. La presentación apunta a una posible operatoria en la que habrían intervenido funcionarios del área laboral, representantes gremiales, delegados y empresarios, y plantea posibles delitos vinculados con el manejo de fondos y recursos de la administración pública. Uno de los principales ejes de la denuncia está relacionado con pagos de dinero que habrían sido exigidos a determinadas empresas a cambio de facilitar la aprobación de procedimientos administrativos. Los hechos fueron expuestos inicialmente a través del testimonio de una persona vinculada al ámbito gremial de la actividad, quien manifestó haber tenido conocimiento directo de esa operatoria y señaló que los pagos habrían sido presentados como retornos vinculados con empresas beneficiadas mediante estos procedimientos. La denuncia sostiene además que algunos PPC habrían sido concedidos a compañías que mantenían una situación económica que no se correspondía con una verdadera crisis. En ese contexto, se cuestiona el acceso a beneficios estatales y se advierte sobre las consecuencias que estas medidas podrían haber generado sobre los trabajadores, especialmente por la reducción o modificación de aportes vinculados con sus futuras jubilaciones. Otro de los puntos señalados está relacionado con la cantidad de empresas que habrían recibido este tipo de beneficios. La presentación menciona a numerosas compañías del sector y sostiene que una parte importante de ellas continuaba desarrollando actividades y manteniendo contratos mientras accedía a programas de asistencia, situación que se solicita investigar junto con el destino de los fondos involucrados. Entre los elementos que sustentan el pedido de investigación se encuentran testimonios, expedientes administrativos, documentación y antecedentes de pedidos de información realizados ante distintos organismos públicos. También se solicita que se incorporen registros y documentación de organismos vinculados con Trabajo, Capital Humano, ANSES y ARCA, con el objetivo de reconstruir cómo fueron tramitados y aprobados los procedimientos cuestionados. La investigación apunta a determinar si existió una utilización indebida de mecanismos destinados a empresas en crisis, si hubo pagos o retornos relacionados con su aprobación y si esas decisiones provocaron un perjuicio económico para los trabajadores y para los recursos destinados a la seguridad social.